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Crítica

José Luis de Vicente

Museos que rinden cuentas

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La futura Ley de Transparencia dará a los ciudadanos el derecho a solicitar información detallada sobre el funcionamiento de las instituciones culturales


Publicado en El Cultural
La Ley de Transperencia será un estímulo importante para que museos y centros se sumen a una cultura de la transparencia que carece de tradición aquí.


A medicados de los años 90, Isidoro Valcárcel Medina, uno de los iniciadores del arte conceptual español, recibió la invitación del Museo Reina Sofía de Madrid para realizar una producción nueva. Su respuesta fue solicitar al museo el presupuesto detallado de sus últimas exposiciones, su gasto en montajes, seguros y transportes. Ante la negativa del centro a proporcionarle esos datos, el artista inició un combate contra la institución por su derecho a acceder a una información que entendía pública y a la que cualquier ciudadano debería tener acceso. Tras pasar por el Ministerio de Cultura y el Congreso de los Diputados las demandas de Valcárcel llegarían hasta el Defensor del Pueblo, que le acabó dando la razón.

Lo que hace casi veinte años era un gesto transgresor hoy se puede leer como un síntoma de anomalía democrática. El anteproyecto de Ley de Transparencia que el gobierno hizo público a finales de marzo, y que concluirá en la tramitación de la ley en los próximos meses, debería solventar una de las grandes carencias de nuestro sistema político, que nos sitúa por detrás de todas las grandes naciones occidentales: la falta de legislación que garantice y valide el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que producen las instituciones públicas, pagadas por el contribuyente, así como a recibir cuentas detalladas de cómo y en qué se emplea el dinero público. “Si los ciudadanos y los funcionarios españoles supiesen la clase de información que se hace pública en otros países, la cosa cambiaría”, reflexiona Eva Moraga, abogada y consultora de artes visuales.

“El principio de jerarquía ata de pies y manos a los funcionarios, mientras que existe una distancia enorme con la cultura de trabajo en otros países.” En Suecia, por ejemplo, cualquier comunicación con una institución pública se considera un documento público, al que cualquier ciudadano tiene acceso. Eva coordina el grupo de trabajo sobre transparencia del Instituto de Arte Contemporáneo, desde el que se estudia cómo promover mecanismos efectivos que hagan transparente la gestión de nuestros museos. La tarea pendiente es inmensa, porque empezamos de muy abajo.

Según un estudio realizado por la Fundación Compromiso Empresarial, de entre los 51 principales museos españoles del ámbito de las Artes, sólo dos publican en su web su plan estratégico, el documento maestro que dicta los pasos de la institución. Sólo el 20% publica información sobre las obras adquiridas para su colección, o sobre los préstamos de piezas a otras instituciones. Cuatro de cada cinco no ofrecen datos sobre sus cifras de visitantes anuales.

“En España la información de carácter económico brilla por su ausencia”, comenta Eva Moraga. Los únicos museos que hacen públicas y accesibles a través de sus webs sus balances de situación y cuentas anuales son el Teatre-Museo Dalí de Figueras y Artium; Medialab Prado también ofrece información desglosada sobre el coste de algunos proyectos. El centro vitoriano es el único que además facilita un informe sobre su situación económica realizado por un auditor externo.

La opacidad de las instituciones culturales españolas se agudiza si las comparamos con las instituciones más avanzadas a nivel internacional. La web del Indianapolis Museum of Art hace públicos diariamente el número de visitas de esa jornada, junto a multitud de datos como el consumo de electricidad del edificio o los ingresos por venta de entradas. El Victoria and Albert de Londres publica las actas de cada reunión de patronato, y la Tate cuelga cada mes un documento que detalla cada gasto superior a 25.000 libras en que la institución ha incurrido.

La aprobación de la ley es sólo el comienzo de un camino, en el que tendrán que implicarse tanto la ciudadanía como instituciones. De momento, la sociedad civil se está preparando y surgen iniciativas para facilitar a los ciudadanos el uso y aplicación de la Ley de Transparencia. Tu Derecho a Saber (www.tuderechoasaber.es), una iniciativa financiada por crowdfunding a través de Goteo.org, es una web que simplifica y centraliza las peticiones de información a cualquier administración. Sólo hay que realizar una pregunta y el sistema la canaliza hacía el interlocutor adecuado, y nos informa en cuanto haya una respuesta.

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